Reformas a la LOSEP pasan el primer debate

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Con la asistencia de 88 asambleístas, el Pleno de la Asamblea inició el primer debate del proyecto de reformas al artículo 24, literal j de la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, que tiene por objetivo normar claramente los derechos de los servidores públicos que quieran contratar con el Estado ecuatoriano sobre la base de fines y objetos lícitos.
 
En esta sesión, sugirieron que la prohibición sea aplicada respecto de la institución del sector público en la que laboran los servidores o sus entidades adscritas, prohibición que se extenderá a su cónyuge o conviviente y hasta sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, es decir y en el caso del Presidente y Vicepresidente de la República, así como los ministros., hasta el cuarto grado de consanguinidad.
 
Señalaron que en el segundo inciso que se refiere a la prohibición que recae también a las personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en  las  que  el servidor público, su  cónyuge,  su  conviviente    en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad sean socios, accionistas, partícipes o representantes de dichas personas, se agregue también a los procuradores o apoderados y que se especifique claramente quienes son los accionistas con poder de decisión. 
 
Restricción
 
Coincidieron que si bien la disposición vigente busca prevenir y evitar casos de corrupción de servidores públicos cuando hay abuso de poder, es decir, cuando teniendo información privilegiada, porque tienen acceso en razón de su cargo y actúan con intereses personales, el texto resulta excesivamente amplio, provocando en consecuencia una restricción de los legítimos derechos de los servidores públicos que requieren contratar con el Estado sobre la base de fines y objetivos lícitos.
 
De esta manera se retiraría la prohibición para que 450.000 servidores públicos y sus familiares directos puedan contratar con el Estado, quienes no podrán mantener contratos con la entidad en la que laboran, evitando de esta manera la corrupción. 
 
Profesores universitarios
 
De su parte, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, recordó que este proyecto fue presentado por los exmiembros del Consejo de Administración Legislativa, CAL, y con la firma adicional de Dora Aguirre, tomando en cuenta que las universidades, a través de sus rectores, señalaron que todos los profesores universitarios, por el error del literal j del artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público, están prohibidos de tener contratos con el Estado, por tanto, no pueden ejercer su profesión en una modalidad de contrato, es decir, 60.000 personas están impedidas de ejercer su profesión en el sector universitario público y privado, según los cambios.
 
Además, dijo, los médicos que contrata el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en agencias privadas no pueden emitir facturas, ni cobrarle al Estado. Estas son razones fundamentales para cambiar la ley, precisó.
 
NOTIHOY / Asamblea Nacional del Ecuador